Administración pública y economía circular: claves para impulsar la transición sostenible
Pocas entidades tienen tanto poder para acelerar la transición circular como la Administración pública.
Regula, planifica, financia y, además, compra mucho. La contratación pública representa en torno al 14% del PIB de la UE, unos 2,4 billones de euros anuales.
Y aun así, la mayoría de instituciones públicas sigue comprando como si el modelo lineal fuera eterno.
Cómo pueden la Administración pública y la economía circular avanzar juntas
Cuando hablamos de Administración pública y economía circular, no estamos hablando de una sola cosa. Para entenderla mejor, vale la pena distinguir dos vertientes:
- Lo que la Administración puede hacer hacia fuera: legislar, incentivar, comprar con criterios circulares, etc.
- Lo que puede hacer hacia adentro: gestionar sus propios recursos, residuos y activos con la misma lógica que exige al sector privado.
Hacia fuera: regular, incentivar y comprar con criterios circulares
Las instituciones públicas disponen de instrumentos reales para impulsar la circularidad más allá de sus propias paredes. La compra pública verde y circular permite incorporar criterios de ciclo de vida, contenido reciclado, durabilidad y reparabilidad en cualquier pliego de contratación. Las guías europeas ya existen, los modelos están documentados y el marco legal lo permite.
Algunas administraciones autonómicas llevan años demostrándolo. El Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi, por ejemplo, integra la economía circular entre sus ejes estratégicos. Es un ejemplo de que, con voluntad política y un plan claro, la compra pública verde deja de ser un objetivo y se convierte en rutina.
La fiscalidad es otra palanca infrautilizada. Bonificaciones en el IBI o el IAE a empresas que apuesten por la simbiosis industrial, tasas al vertido que encarezcan desechar frente a reutilizar o incentivos a la reparación son instrumentos que muchos municipios tienen en su mano y que rara vez se activan de forma coordinada. También podemos mencionar una vieja reclamación como es la del establecimiento de un IVA Verde que impulse la circularidad, si bien su discusión compete a otras esferas nacionales y europeas al tratarse de un impuesto estatal.
La Estrategia Española de Economía Circular España Circular 2030 fija el marco nacional, pero la ejecución real pasa por las administraciones locales y regionales. Algunas, como la Junta de Castilla-La Mancha, ya han desarrollado hojas de ruta municipales que van desde el análisis de situación hasta el seguimiento de resultados, pasando por la interacción con el tejido empresarial local.
Hacia adentro: gestionar los propios recursos con la misma lógica
Pedir circularidad a las empresas mientras la propia administración gestiona sus activos de forma lineal es, como mínimo, contradictorio.
¿Qué pasa con el mobiliario de oficina cuando se renueva? ¿Y con los equipos informáticos? ¿Cuántas entidades públicas tienen un inventario real de lo que tienen parado y lo que podría tener una segunda vida?
Posiblemente, pocas.
El tránsito del producto al servicio es otro cambio que las administraciones pueden liderar simplemente cambiando cómo redactan sus pliegos. Contratar impresión en lugar de impresoras o iluminación en lugar de luminarias no requiere presupuesto adicional, sino un enfoque distinto.
El fabricante conserva la propiedad, tiene incentivos para alargar la vida útil del equipo y retira los componentes al final del ciclo. La administración reduce residuos y simplifica la gestión. Es un cambio de enfoque, no de presupuesto.
Pero para que esto ocurra, alguien dentro de la organización tiene que entenderlo, quererlo y saber cómo instrumentalizarlo.
Dos ayuntamientos que ya han movido ficha
Dos ciudades españolas demuestran que esto no es teoría.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es ejemplo de acción externa. A través de su Comunidad Pacto Verde, una red de empresas locales comprometidas con la sostenibilidad, el consistorio da acceso gratuito a la plataforma de recircular a todas las empresas adheridas.
El modelo es directo:
- las empresas registran los recursos que ya no usan (maquinaria, materiales, excedentes de producción, etc.), y
- la plataforma conecta oferta y demanda mediante inteligencia artificial, calcula el impacto ambiental de cada transacción y genera informes de seguimiento.
El consistorio asume el coste de gestión y el tejido empresarial local reduce residuos, mejora eficiencia y tiene métricas concretas para justificarlo.
Para ejemplificar la acción interna, nos fijamos en la experiencia del Ayuntamiento de Málaga. Su Estrategia de Economía Circular, aprobada en febrero de 2025 con horizonte a 2030, combina actuaciones externas e internas. Entre estas últimas destacan:
- un plan de prevención y gestión de residuos institucional que funciona como piloto interno;
- la incorporación de contenidos de economía circular al plan de formación municipal, y
- la identificación de empleados que actúen como dinamizadores de estas prácticas en sus departamentos.
Dos ayuntamientos y dos enfoques distintos que comparten una misma conclusión: la circularidad no espera al proyecto perfecto.
El camino ya está trazado y solo queda recorrerlo
La circularidad no exige que las instituciones públicas reinventen su forma de funcionar de un día para otro. Exige coherencia, que las mismas lógicas que se promueven hacia el exterior se apliquen también dentro.
Vitoria-Gasteiz y Málaga lo están demostrando desde ángulos distintos. El inventario de activos, la revisión de los pliegos de contratación o la búsqueda de alianzas con plataformas como recircular son pasos concretos que cualquier ayuntamiento, diputación o consejería puede dar hoy.
La oportunidad está ahí para quien quiera tomarla.
